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Juez estudia medidas para proteger a comunidades arhuacas por violencia armada en Magdalena
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Juez estudia medidas para proteger a comunidades arhuacas por violencia armada en Magdalena

Viernes 03 de Julio de 2026 - 2:34pm El Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta admitió el trámite de una solicitud de medidas cautelares presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para proteger a cuatro comunidades arhuacas del corregimiento de Cerro Azul, en Aracataca. La petición cobija a los asentamientos Seynurwa, Duanawimaku, Serankwa y Jechikin, que, según la URT, resultaron afectados por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada registrados en marzo de 2025. De acuerdo con la entidad, la confrontación dejó civiles heridos y provocó restricciones a la movilidad, confinamientos y desplazamientos forzados dentro de estas comunidades indígenas. Entre las acciones solicitadas figuran 35 medidas cautelares dirigidas a entidades como la Unidad Nacional de Protección y la Unidad para las Víctimas, con el fin de evaluar los riesgos y definir esquemas de protección para líderes, autoridades y demás integrantes de las comunidades. El despacho judicial también pidió información adicional a entidades nacionales, departamentales y municipales, así como a la URT, para establecer el número de familias afectadas y determinar si procede la adopción de las medidas de protección solicitadas. magdalena Aracataca Comunidades indígenas Clan del Golfo Unidad de Restitución de Tierras Magdalena La solicitud busca salvaguardar a cuatro asentamientos indígenas afectados por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Visible: Sí romanmedrano

3 de julio de 2026Seguimiento.co
MinSalud quiere crear un sistema de salud indígena que vale $300.000 millones: hay alertas
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MinSalud quiere crear un sistema de salud indígena que vale $300.000 millones: hay alertas

El Ministerio de Salud publicó para comentarios un proyecto de resolución que establece las reglas para ejecutar hasta $300.000 millones destinados a acompañar el cierre de la operación de la Asociación Indígena del Cauca ( AIC EPS-I) y facilitar la puesta en marcha del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) . Como contexto, la AIC EPS-I ha operado como aseguradora del régimen subsidiado para comunidades indígenas; es su EPS propia. Mientras que lo que propone la SISPI es que el sistema de salud para las comunidades funcione bajo un modelo de organización propio, administrado por el Territorio Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con un enfoque que integre la medicina convencional y los conocimientos ancestrales. Además, el nuevo modelo respetaría las tradiciones, prácticas y creencias de las comunidades indígenas. La iniciativa desarrolla lo previsto en el Decreto Ley 0333 de 2026, que autorizó la destinación de esos recursos con el fin de garantizar una transición ordenada entre ambos esquemas. El proyecto aclara que el dinero no será entregado directamente al CRIC. En cambio, el Ministerio de Salud transferirá los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que los manejará en una cuenta independiente y realizará los pagos directamente a hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y proveedores que tengan cuentas pendientes por servicios prestados a los afiliados de la AIC EPS-I. Antes de que esos desembolsos puedan efectuarse, la AIC EPS-I deberá presentar la relación de las obligaciones pendientes y certificar los valores adeudados. Esa información será sometida a la revisión de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad encargada de verificar que los montos correspondan a los procesos de conciliación y depuración de cartera. Solo después de ese control la ADRES podrá girar los recursos. Aunque el mecanismo busca que los pagos lleguen directamente a los prestadores y fortalecer la trazabilidad de los recursos públicos, la EPS indígena conservará un papel determinante al definir qué acreedores serán incluidos y cuánto recibirá cada uno. Ese esquema es similar al modelo de giro directo utilizado en otros casos del sistema de salud y ha sido objeto de cuestionamientos por parte de algunos prestadores, que consideran que deja en manos de las EPS la priorización de los pagos. El Ministerio también advierte que los $300.000 millones no necesariamente cubrirán la totalidad de las obligaciones financieras acumuladas por la AIC EPS-I. Es decir, que cualquier saldo pendiente deberá resolverse antes de que el SISPI entre plenamente en funcionamiento, con el propósito de evitar que el nuevo modelo inicie operaciones cargando pasivos de la antigua EPS. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

3 de julio de 2026Elcolombiano