Comunidades indígenas toman planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa
En la madrugada de este lunes, comunidades indígenas mayo-yoreme del colectivo ¡Aquí No! tomaron de forma pacífica e indefinida la entrada de la planta de amoníaco del grupo Proman en la bahía de Ohuira, en el área de Topolobampo, Sinaloa. La protesta se realiza frente al proyecto de la filial Gas Petroquímica de Occidente, al que acusan de poner en riesgo un área natural protegida y de provocar el desplazamiento de pueblos originarios. Entre 150 y 200 personas de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos mantienen presencia en el acceso de la planta, levantando campamentos y banderas del colectivo. Su vocero, Felipe Montaño Valenzuela, afirmó que permanecerán en el lugar de manera indefinida hasta recibir respuesta del Gobierno federal, asegurando que no habrá paso a las instalaciones. Las comunidades exigen la cancelación y clausura del megaproyecto, que reporta un avance del 88% y está financiado por el banco alemán KfW IPEX-Bank con una inversión de 860 millones de dólares. También demandan la reparación de daños ambientales, señalando la afectación de manglares y el relleno de 28 hectáreas de humedales en la bahía de Ohuira, dentro del sistema del sitio Ramsar Santa María-Topolobampo-Ohuira. Además, rechazan que la planta sea reubicada dentro de Sinaloa y cuestionan que el proyecto sea presentado como desarrollo económico sustentable. Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han anunciado revisiones y estudios ambientales para evaluar el cumplimiento de la normativa. Las comunidades sostienen que la devastación es evidente y advierten que la atención del problema no debe retrasarse. Desde 2014 mantienen la resistencia contra el proyecto, un proceso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022 tras disputas por el derecho a la consulta. También señalan alertas emitidas por la Naciones Unidas sobre los riesgos ambientales y sociales que implicaría la operación de la planta para miles de personas que dependen del ecosistema de la zona.